La Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá desde hace varios años viene registrando con preocupación el cierre de camas de hospitalización para pacientes pediátricos en la ciudad. El tema comienza con el cierre del Hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos en el año 1.999, seguida por el cierre de la Clínica del niño Jorge Bejarano, grandes centros hospitalarios especializados y cunas del conocimiento en la pediatría a nivel nacional cerrados, aduciendo graves problemas de “administración “y “cargas prestacionales excesivas”, cuando el tema real era la baja rentabilidad, sin importar el impacto que en la salud de los niños y niñas de la ciudad tendría este cierre. En los años siguientes, lejos de mejorarse este panorama, la situación se agrava con el cierre del servicio de pediatría de la Clínica de Occidente, que cierra sus camas de hospitalización, cuidado intensivo pediátrico y la atención de urgencias. Viene entonces el cierre de camas de pediatría de la clínica Policarpa del Grupo Saludcoop, así como del servicio de pediatría de Epsiclínicas, institución del mismo grupo. Otros hospitales generales han venido disminuyendo progresivamente las camas de hospitalización para niños, niñas y adolescentes y hoy asistimos al cierre del servicio de pediatría (urgencias y hospitalización) de la Clínica Palermo que atendía en promedio 1.200 consultas de urgencias pediátricas al mes, por la misma razón: baja rentabilidad.

Estos espacios en las instituciones han sido después ocupados por servicios de salud de “mayor rentabilidad”, como son los servicios de cirugía de adultos, servicios de alto costo y otros más, primando el interés económico sobre cualquier otro y ante la mirada indolente de las entidades Gubernamentales y de los organismos de control que han hecho oídos sordos ante esta grave situación, mientras que los niños y niñas siguen llegando a los servicios de urgencias a ser atendidos por personal no especializado, en condiciones indignas y si requieren hospitalización deben someterse a varios días de espera para conseguir ser ubicados en uno de los pocos servicios de pediatría que quedan abiertos.

Es inconcebible que pasando por encima de la Constitución Política de Colombia en la cual se destaca no solo el derecho a la vida y la salud de niños, niñas y adolescentes sino el derecho prevalente que ellos tienen, es decir, que lo hace primordial ante otros derechos, esté ocurriendo que en el sistema de salud primen únicamente los intereses económicos que ponen en peligro los derechos fundamentales de niños y niñas a la salud y a la vida. El Presidente de la República, el Ministro de la Protección social, la Superintendencia de Salud y la oficina de la Procuraduría encargada de los derechos de la niñez y todas aquellas autoridades gubernamentales deben tomar cartas en este asunto de forma inmediata para garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas a la Salud.

La Sociedad Colombiana de Pediatría no solamente rechaza de manera vehemente esta situación que amenaza los derechos de los niños y conmina a las madres y padres de familia, a los profesionales de la salud y a la opinión pública en general a manifestarse ante tan grave hecho sino que solicita a las entidades regular el tema para garantizar que las instituciones públicas y privadas mantengan y fortalezcan los servicios que requieren para su atención los niños y las niñas y las EPS reconozcan los costos reales que se requieren para la atención de esta población, que es la más vulnerable y requiere de toda la protección del Estado y de la Sociedad.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE PEDIATRIA