Sobre la federación medica colombiana

Cuando un editorial del periódico “El Mundo” presenta a la Federación Médica Colombiana (FMC) como sindicato neófito, es porque ignora la historia de la medicina en Colombia. Y esto en sí no es reprochable, pues no es obligación conocerla. Lo que sí llama la atención es que el editorialista que carece de ese tipo de información, no busque llenar su vacío antes de pronunciarse. Es frecuente ver que tal conducta obedece a mentes prejuiciosas y no a inteligencias abiertas. Lo mas grave es que bajo el prejuicio se descalifique y condene, aprovechando posiciones de poder como es una columna editorial en un diario que influye en la formación de opinión regional, contraviniendo una de las normas éticas de la profesión periodística, cual es la de informar preservando la objetividad.

Decía ignorancia, porque la FMC es una institución científico-gremial que tiene 70 años de haber sido fundada y ha participado activamente en el desarrollo de diversas políticas en salud acogidas por el Estado colombiano. Entre muchas, ni mas ni menos que la creación del Ministerio Nacional de Higiene en reemplazo de la Dirección Nacional de Higiene; la ley 23 de 1981 o Ley de Etica Médica y el artículo 26 de la Constitución Política de Colombia, todas iniciativas de la Federación; además, la FMC es asesora del gobierno nacional y por ello ocupa un escaño como Asesor Permanente en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Esto, para mostrar solo algunos ejemplos de sus actividades, pues también la FMC participó en la creación de la Asociación Médica Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, la cual hizo parte del equipo redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Protocolos de Ginebra, marco fundamental del Derecho Internacional Humanitario, suscritos por el Estado colombiano.

Hasta antes del 4 de diciembre pasado, la Federación Médica Colombiana estaba constituida en su mayoría por los Colegios Médicos Departamentales y otras Sociedades Médicas y Científicas; pero desde esa fecha, todas las organizaciones médicas del país, de carácter científico, gremial y sindical, incluida ASMEDAS, decidimos unirnos en torno a ella, con excepción de la Academia Nacional de Medicina, pues su reglamento se lo impide, pero nos acompaña en este proceso y es invitada a las reuniones directivas.

El proceso de unidad se aceleró por los efectos negativos de la ley 100 sobre la salud de los colombianos, el incumplimiento en la cobertura a pesar de que el producto interno bruto nacional dedicado a salud pasó del 4% en 1993 al 11% en el momento actual, según cifras gubernamentales, y por la amenaza real de la pérdida para el país de todo un patrimonio formado por la infraestructura médica y sanitaria y el conocimiento médico profesional.

Porque, pese a que el aseguramiento en salud, léase intermediación, es uno de los cuatro grandes mejores negocios existentes actualmente en Colombia, según las cifras arrojadas cada año por las revistas Semana y Dinero, el 75% de las tutelas causadas por inatención a enfermos, corresponden a eventos contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS), según informe de la Defensoría del Pueblo.

Por el hecho de que las empresas intermediadoras son las principales corruptoras de médicos, pues cuando los contratan les ofrecen pagos crecientes si “atienden” (yo digo: si registran en sus estadísticas) mas “usuarios” en menos tiempo del contemplado en la ley, les solicitan menos exámenes de ayudas diagnósticas y menos interconsultas a especialistas. El cumplimiento de estas acciones por parte del médico se premia con dinero. Pero si dichas exigencias son incumplidas, se le castiga con la cancelación o no renovación del contrato. Tal vez muchos oyentes colombianos escucharon en días pasados cómo un programa radial corroboró tales prácticas cuando uno de sus periodistas se hizo pasar por médico al responder un aviso clasificado aparecido en un periódico de circulación nacional, en el cual se ofrecía trabajo para médicos.

La unidad médica es un hecho porque los médicos carecemos de estabilidad laboral, pues la contratación actual eliminó la relación patronal y, vaya paradoja, no tenemos seguridad social, siendo quienes portamos y aplicamos el conocimiento para que el sistema funcione.

Porque las empresas intermediadoras realizan prácticas de desarrollo monopólico para acrecentar sus ganancias, en desmedro de la calidad de la salud, mediante la evasión de impuestos y la pésima remuneración económica del trabajo médico y de los demás profesionales y trabajadores del sector.

Estuvimos presentes en el debate de reforma de la ley 100 de 1993 y lanzamos propuestas positivas, presentando soluciones al problema. Sin embargo, estas fueron asimiladas en el proyecto de ley 052 que, en últimas, fortalece el negocio. Y es factible el fortalecimiento de la salud como negocio puesto que la Constitución Política de Colombia no la contempla en ninguno de sus artículos como un derecho fundamental. En vez de ello, se refiere sí al derecho al aseguramiento, derecho al que solamente pueden acceder quienes lo pueden pagar, y reduce la Salud Pública al limitado concepto de Saneamiento Ambiental. Quien quiera corroborar lo anterior, sólo debe consultar la fuente, que no es otra que la mismísima carta magna.

Es por estas razones por las que proponemos una reforma constitucional en lo atinente a salud. Y porque hemos aprendido que, debiendo ser la salud un derecho fundamental de toda la sociedad, no lograremos ese derecho sin la participación de la mayoría de la población, que nos acompañe activamente y diga qué deben contener las leyes que lo garanticen.

Ahora bien. Una cosa es discrepar en criterios y puntos de vista, pero otra es la mala intención y la diatriba mentirosa como ocurre con la pluma del editorialista de El Mundo cuando invita al lector a que lea la estabilidad laboral a que tenemos derecho todos los colombianos como “jugosos sueldos” o “prebendas obtenidas mediante presión sindical o contubernio con administraciones venales”; pero, no contento con expresar su postura negadora de los derechos laborales y privilegiadora de las diferencias sociales (¿será que se cree de altísima cuna y por eso está convencido de que sólo las personas de su presunto linaje son las únicas que pueden aspirar a un justo reconocimiento económico por su ejercicio profesional?) pretende desvirtuar la esencia del acto médico, cual es la confianza que debe acompañar siempre a la relación médico-paciente. El editorial de El Mundo, mas que una posición crítica razonada, expresa resentimiento apasionado, amén de ignorancia, imposible de esconder, cuando describe la situación de cobertura antes y después de la ley 100 de 1993 (como si fuera lo mismo portar un carné que acceder a los servicios), y limitación de criterio cuando, en su interpretación de nuestras propuestas, restringe su verbo descortés a la actitud contestataria queriendo minimizar la magnitud del problema de la salud en Colombia, tal vez porque pueda ser que quien lo escribe desconoce el concepto de salud.

Pues sí, señor editorialista de El Mundo. Los médicos colombianos estamos construyendo nuestro proyecto, mas aliados con nuestros pacientes de lo que Usted cree. Hemos hecho aportes para mejorar el POS o evitar su desmejoramiento; hemos participado en discusiones y acciones para tratar de evitar el cierre de hospitales o recuperar los que ha perdido la población que los necesita; estamos permanentemente atentos al mejoramiento de la educación médica continua durante el ejercicio profesional y muchas otras acciones de interés nacional que su rabia le impide imaginar o indagar.

Nuestra solidaridad con los pacientes no es “pretendida” como usted lo cree y escribe. Es real, es la rezón de ser, es el imperativo ético y el origen de la profesión médica. Eso es, en últimas, lo que vamos a rescatar en conjunto con los enfermos y con quienes tengan o adquieran clara conciencia de que el Estado debe ser garante de la salud y que, por lo tanto, esta debe ser un Derecho Fundamental en Colombia, consagrado expresamente como tal en nuestra Constitución Política.

Lo invito a la reflexión y a la sana discusión, a que nos conozcamos sin prejuicios y conversemos, a que debatamos en paz con las armas de la razón. A nosotros y en particular a mí, no nos gusta “botar corriente”. Eso es un desperdicio.

Atentamente,

SERGIO ISAZA VILLA, M. D.

Presidente FMC