Como bien lo indica el comunicado del cardenal Pedro Rubiano y el reciente editorial del periódico El Tiempo, “La Salud es Primero”.Ambos documentos denuncian las “posibles” consecuencias y los “posibles” riesgos del TLC entre EE.UU. y Colombia en materia de acceso a los medicamentos, y por ende a la salud, por parte de la población colombiana, especialmente aquella población con escasos recursos y que no está cobijada por el sistema de seguridad social en salud.Sin embargo, los costos no han terminado de calcularse y, ni la Iglesia, ni la Industria Farmacéutica Nacional, ni gran parte de la Sociedad Civil, parecen haber detectado lo que podríamos llamar la vía rápida y de facto por la que el tratado de libre comercio (o debería decir mejor, el tratado de promoción comercial, como lo llama la oficina del representante comercial de EE.UU. - USTR), ha comenzado a implementarse sin siquiera haber sido aprobado por el Congreso de la República.

Y es que en el tema particular de la protección a la propiedad intelectual en el mercado farmacéutico, más allá de las posibles pérdidas de bienestar relacionadas con el incremento de precios de los medicamentos, existen otros requisitos de carácter interno, relacionados con el TLC, que ya están siendo onerosos y problemáticos.

Estos requisitos tienen que ver con la serie de reformas institucionales que ambientarán el tratado, entre otras, reformas a la Superindustria, para que tenga más dientes en materia de patentes, al Invima, en lo relacionado con protección de datos, y la ya consumada reforma a la Comisión y al Sistema de Control de Precios de Medicamentos.

Esta última, la reforma al Sistema de Control de Precios de Medicamentos, es un vivo reflejo de los potenciales costos no calculados del TLC porque, aunque alega proteger el interés del consumidor controlando los precios del mercado farmacéutico que el tratado amenaza con elevar, en la práctica, desmonta el control simple y efectivo que existía previamente y lo remplaza por uno engorroso, costoso e ineficaz.

Lo que es más grave, el nuevo Sistema parece responder a los intereses de los productores farmacéuticos, por encima de los derechos de los consumidores de medicamentos, en la medida en que reduce el porcentaje de medicamentos cuyo precio estaría en control (en efecto, afectará a menos del 3,4% de los productos y menos del 2,5% de las ventas) y no utiliza ningún criterio de impacto social de ciertos medicamentos, por ejemplo, los de alto costo, para decidir controlar los precios.

Teniendo en cuenta que, los recursos que se invierten en este tipo reformas institucionales y de procesos, para crear la plataforma para el buen funcionamiento del TLC, son recursos que estamos desviando de otras actividades prioritarias, para no ir más lejos, por ejemplo, de la ampliación de coberturas en seguridad social, vale la pena tenerlos en cuenta en los cálculos de efectos nocivos del TLC sobre la salud de los colombianos.

En últimas, de lo que se trata el TLC es de “integrarnos profundamente” con EE.UU. al homogeneizar y armonizar nuestras políticas, lo que al parecer, o en la teoría al menos, nos beneficiará al final. Pero en este proceso la teoría se aleja considerablemente de la práctica.De hecho, como lo expone Anne Krueger, la “integración profunda” puede ser tanto una amenaza como una oportunidad para los países en desarrollo (Krueger, 1995)4. Puede ser una oportunidad, si las prioridades de inversión del país menos desarrollado se mantienen, pero puede ser una amenaza si implica reemplazar sus prioridades por las del país más poderoso; y es eso exactamente lo que en Colombia estamos haciendo con el TLC.Como lo enuncia el editorial del pasado Domingo 4 de marzo, “el país no puede equivocarse en este tema porque los medicamentos no son una mercancía igual a las demás”, y sin embargo, ya nos estamos equivocando...