El acuerdo consta de seis puntos:

1. Los países desarrollados se comprometerán a desarrollar mecanismos detallados para asegurar que sus autoridades gubernamentales de compra de medicamentos paguen un precio adecuado por los productos farmacéuticos, tanto para incentivar la innovación como para cubrir una porción de los costos de la investigación de dichos productos innovadores disponibles en países en vías de desarrollo.

2. Los países más pobres del mundo (principalmente los del África Subsahariana) no estarán obligados a proteger derechos de propiedad intelectual para medicamentos hasta el 2016.

3. Los países de ingreso medio protegerán derechos de propiedad intelectual, pero sus mercados serán divididos: los sectores más pobres se beneficiarán de precios bajos, mientras los sectores más ricos pagarán un precio similar al de los países desarrollados. Algunos países tendrán que desregular sus sistemas de control de precios para permitir que esto suceda.

4. Todas las naciones prohibirán contrabando y comercio de drogas falsas. Cooperarán con la industria para suprimirlas y ayudarán a prevenir las importaciones paralelas de genéricos provenientes de los países de bajos ingresos hacia las naciones de ingresos altos.

5. Todos los países beneficiarios de precios con bajos márgenes tendrán que remover todos los impuestos, aranceles y similares barreras comerciales a las importaciones y comercialización de productos farmacéuticos. También aceptarán permitir el ingreso de nuevos medicamentos que hayan sido aprobados mediante un proceso de registro internacional.

6. Las naciones donantes se comprometerán a apoyar los fondos globales, multilaterales y nacionales, hasta un determinado nivel.

No perdamos de vista que este es un acuerdo firmado por Pfizer, la segunda compañía farmacéutica más grande del mundo, y que justamente acordó la semana pasada la compra de su competidora Wyeth por 68 billones de dólares. (http://www.economist.com/research/articlesbysubject/displaystory.cfm?subjectid=531766&story_id=13007939)

El primer punto del acuerdo va en contravía de una de las principales apuestas de la reforma a la salud propuesta por el presidente Obama, quien sugiere abiertamente que es necesario reducir los costos por medicamentos del sistema norteamericano, y denuncia lo aberrante que es que las drogas en los Estados Unidos cuesten hasta seis veces más de lo que cuestan en países como Canadá o Inglaterra.

Si la reforma a la salud en Norteamérica sale adelante y los países desarrollados no son quienes cubrirán los “altos costos de la investigación y el desarrollo”, ¿quienes garantizarán entonces las inmensas utilidades de las transnacionales farmacéuticas, que en el caso de Pfizer, en el 2008 antes de la fusión, alcanzaron los 48 billones de dólares, y que sumadas con las de Wyeth se espera que alcancen los 71 billones?

Seguramente una parte de dichas utilidades las cubrirán las ganancias asociadas a los nuevos productos biotecnológicos a los que le han apostado las grandes compañías como Pfizer, o como Roche con su reciente oferta de compra de Genentech, y cuyas copias genéricas son esquivas gracias a las barreras tecnológicas impuestas por la industria, entre otras, a través de requisitos al registro sanitario de dichos productos en países como el nuestro.

Pero seguramente otra parte la cubrirán los sistemas de salud de países en vías de desarrollo, que se verán obligados a desregular sus precios como lo enuncia el punto 3 del acuerdo, o que tendrán que evitar las "falsificaciones", cuya diferencia con las copias o genéricos no está definida por el documento (punto 4), y quienes por último tendrán además que eliminar todas sus medidas de protección industrial (barreras al comercio) y de protección sanitaria (agencias locales de registro), como lo enuncia el punto 5.

Ojalá frente a este panorama los países en vías de desarrollo como Colombia aprendamos de la lección de la propuesta de reforma a la salud del presidente Obama y le apostemos a sistemas de seguridad social incluyentes y sostenibles financieramente, reduciendo, entre otros, el costo de la provisión de medicamentos, en lugar de convertirnos en el paraíso de la desregulación, como lo propone el documento de Kindler y Barton para el Senador Max Baucus.

Tatiana Samay Andia Rey
Consultora Económica
Observatorio del Medicamento
Federación Médica Colombiana
tandia@uniandes.edu.co 

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