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 BOLETIN INFORMATICA & SALUD - Boletín del Consumidor de Medicamentos
ISSN- 0121-4675 | Res.Min.Gob.0036/1991 | Año 20 Nro.15/2010 | Bogotá 05 a 11 de abril de 2010
Semanario Electrónico | Observatorio del Medicamento | Federación Médica Colombiana

Edición Especial
Lo que quedó en la reforma al sistema de salud norteamericano. Virtudes y defectos. Lecciones para Colombia
Por Tatiana Samay Andia Rey
Consultora de Asuntos Económicos y Propiedad Intelectual
Observatorio del Medicamento - Federación Médica Colombiana

Tomado de http://www.kaiserhealthnews.org/Cartoons/2010/April/States-Right.aspx

El pasado 21 de marzo de 2010 fue aprobada en el Congreso de los Estados Unidos la ley que reforma el sistema de salud, titulada “The Patient Protection and Affordable Care Act”.

La forma en la que el proyecto de ley fue aprobado causó bastante controversia ya que de los 219 votos a favor (frente a los 212 en contra) no hay ni un solo voto republicano[1].  Esta polarización podría entorpecer la agenda futura del gobierno en este tema si, como algunos analistas lo han sugerido[2], los representantes republicanos consiguen influenciar a la Corte Suprema para que declare inconstitucional la ley.

En efecto, los fiscales de 12 estados entre ellos Virginia, Florida, Texas y Pennsylvania, entre otros, interpusieron una demanda el 23 de Marzo de 2010, solo dos días después de su aprobación, ante la Corte Suprema argumentando que requerir que los ciudadanos compren un seguro de salud viola la Constitución porque obliga a los individuos a contratar con compañías privadas.

Ahora bien, asumiendo que la ley supera la prueba de constitucionalidad, y si bien los planes indican que la legislación será implementada gradualmente con un calendario que va hasta el 2018[3], algunos de sus logros más importantes podrán verse a partir de este mismo año[4]. En particular:

  1. Estarán disponibles créditos de impuestos para pequeñas empresas para que puedan asegurar en salud a sus empleados.

  2. Los pacientes adultos y niños con preexistencias podrán asegurarse con la cobertura que necesitan.

  3. Las compañías aseguradoras no podrán restringir la cobertura cuando las personas se enfermen ni imponer límites anuales a los montos asegurados.

  4. A partir de este año, todos los nuevos planes de aseguramiento ofrecerán cuidado preventivo gratuito.

  5. Todos los nuevos planes y algunos anteriores garantizarán que los jóvenes estarán cubiertos por la póliza de sus padres hasta que cumplan 26 años.

  6. Los adultos mayores que están en el limbo de cobertura conocido como el “donut hole gap”[5] recibirán un subsidio de US$ 250 para ayudar a pagar por sus prescripciones.

Adicionalmente, se darán los primeros pasos para abordar dos problemas de fondo del sistema de salud actual en lo que a contención de costos y calidad de los servicios se refiere:

Por un lado, se establecerá el Instituto de Investigación sobre Resultados Enfocado en Pacientes (Patient-Centered Outcomes Research Institute) cuyo objetivo es el de identificar prioridades nacionales en materia de salud, así como proveer estudios sobre la efectividad de distintas estrategias de tratamiento. Al mismo tiempo, se generará una línea de crédito con una asignación presupuestal inicial de US$ 1 billones para dos años para incentivar inversiones en nuevas terapias para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades crónicas y agudas.

Por otro lado, se establecerá también una Comisión Nacional de Fuerza Laboral en Salud (National Health Care Workforce Commission) con el fin de proveer información y recomendaciones imparciales, tanto al Congreso como al Ejecutivo, sobre formas de alinear los recursos humanos federales en salud con las necesidades nacionales. Así mismo, se fortalecerá la fuerza laboral en salud a través de préstamos y becas de estudio para carreras en salud.

De resultar exitosa la implementación de estas iniciativas y las que la ley contempla para los siguientes 8 años, esta reforma cumpliría con gran parte de lo prometido por el presidente Obama en materia de salud desde su campaña, lo que sin lugar a dudas convertiría esta reforma en un hito en la historia de la política social de los Estados Unidos. Sin embargo, hay mucho camino por recorrer y la ley contiene, o deja de contener, algunos aspectos que podrían comprometer sus resultados. A continuación presentamos tres de ellos:

I.        Sostenibilidad financiera: en duda

El presidente Obama ha afirmado en varias ocasiones que esta reforma al sistema de salud reducirá los costos en el mediano y largo plazo en la medida en que disminuirá las entradas a salas de emergencia por parte de los individuos no-asegurados que hasta la fecha debían esperar a tener una condición grave para poder ser atendidos sin consideraciones sobre su capacidad de pago.

Sin embargo, este resultado deseado depende en gran medida de al menos dos supuestos que aun no se sabe si se cumplirán:

  1. Que en efecto el tratamiento temprano de las enfermedades de los pacientes no asegurados que actualmente inundan las salas de emergencia sea efectivo y no solo retrase sino que evite la llegada de dichos pacientes al quirófano, y

  2. Que haya una estrategia seria y exitosa de contención de costos.

Ninguno de los dos supuestos está garantizado:

  1. Por un lado, porque los escenarios que permitirían el tratamiento temprano y efectivo de ciertas condiciones en el sistema como, por ejemplo, los riesgos de enfermedad cardiovascular, necesitan contar con un ejército bien entrenado de médicos familiares que brinden atención primaria, hagan seguimiento periódico y remitan a tiempo y de forma adecuada a los pacientes. Pero médicos familiares es justamente lo que más escasea en Estados Unidos por esta época.

  2. Y por el otro lado, porque los costos de la salud han aumentado considerablemente en los últimos 40 años y hay muy pocos indicios de que comiencen a disminuir. La expectativa de aumento en los costos se explica de dos formas: (a) porque los incentivos actuales a la innovación contemplan que la misma se costee y se premie por la vía de los precios altos de los productos terminados, lo que termina encareciendo demasiado las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas; y (b) porque se espera que la población que entre próximamente al Medicare sea significativamente más numerosa que en el pasado. De hecho, se estima que desde enero próximo aproximadamente 8.000 personas de la generación del “baby-boom” serán elegibles cada día para Medicare.

Es así como se presume que el presupuesto en salud de los EE.UU., que ha pasado de 5% del PIB en 1962 a 16% en el 2010, en lugar de disminuir, alcance el 20% en el 2017 y el 25% en el 2025[6].

II.      Medicina familiar: en déficit

Ahora bien, por el lado de la prestación de los servicios de salud en cuanto a su calidad y la optimización de los recursos, uno de los eslabones claves de cualquier sistema de aseguramiento es el médico familiar y el internista. En efecto, se espera que sean estos médicos quienes, por un lado conozcan a profundidad la historia de un paciente (en el caso del médico familiar) y por el otro sirvan de primer muro de contención del sistema de salud (en el caso del médico internista). Estos dos tipos de médicos deberían ser capaces de prevenir a tiempo enfermedades que podrían complicarse y remitir adecuadamente los pacientes a los especialistas pertinente, beneficiando así tanto al paciente cómo a las finanzas del sistema.

Sin embargo, sin que ingresen todavía los millones de nuevos afiliados que se esperan con la reforma recién aprobada, ya hay un déficit de médicos familiares e internistas en varios estados. Por ejemplo en Massachusetts, como lo muestra un estudio sobre Fuerza Laboral de la Asociación Médica[7], menos de la mitad de los internistas están recibiendo nuevos pacientes (44%) y el promedio de tiempo para que un paciente nuevo obtenga una cita con un médico familiar es de 44 días.

Esta situación solo se agrava si consideramos que todos los incentivos del sistema educativo y profesional para los médicos estadounidenses están orientados a disminuir cada vez más el número y las calidades de los médicos familiares e internistas. De hecho, los médicos de atención primaria reciben salarios considerablemente más bajos que los especialistas (desde una hasta tres veces menos)[8], lo que ha llevado a que la mayoría de los egresados de la carrera de medicina opten por una especialidad bien paga, incluso si tienen la vocación o el deseo de dedicarse a la medicina familiar.

Si bien la ley de reforma a la salud del presidente Obama trata de abordar este tema mediante becas y condonaciones o bajas tasa de interés para créditos educativos a quienes opten por dedicarse a la atención primaria, esto no revierte la estructura de incentivos del sistema educativo ni compensa las inmensas diferencias salariales, por lo que se queda corta a la hora de abordar un tema tan crucial como este.

Vale la pena resaltar, sin embargo, que hay quienes están optimistas frente a las medidas contempladas en la reforma, en la medida en que ponen el debate sobre la mesa y resaltan la importancia de la relación de confianza entre el médico y el paciente para cualquier sistema de salud. Esta es al menos la posición de Lori Heim, presidenta de la Academia Americana de Médicos Familiares (American Academy of Family Physicians)[9].

III.    Protección de datos para biológiocos: demasiado larga

Finalmente, por el lado de los costos de los tratamientos esta ley también podría contener algunos riesgos. De hecho, la reforma contempla una protección de datos para productos farmacéuticos biológicos de 12 años (7 más que los que se contemplan para una molécula normal). Para muchos, entre ellos Anthony D. So y Samuel L. Katz[10] del New York Times[11] esto constituye un desincentivo a la producción de biosimilares, que tendrán que esperar 12 años para poder entrar al mercado.

Su argumento se basa sobre todo en lo que concluye la misma Comisión Federal Estadounidense para el Comercio al respecto, y es que los “biosimilares” enfrentan de plano mayores barreras de entrada, dada la inversión tecnológica en la que hay que incurrir para “copiar” estos productos y los requisitos más exigentes que impone la FDA para su aprobación, por lo que darles protección de datos a los productos pioneros ayuda solo a desincentivar la producción de “biosimilares”.

Pero el argumento de So y Katz va mucho más allá sugiriendo que la forma en la que quedó redactada la clausula respectiva podría desincentivar incluso la innovación “original” en biológicos, ya que permitiría a los productores innovadores extender la protección, incluso al finalizar los 12 años, haciendo modificaciones menores al producto.

Si esto fuera así, el sistema de salud estadounidense estaría en el peor de los mundos, en la medida en que, no solo no contaría con la mejor innovación posible, sino que tardaría al menos 12 años en contar con alternativas que permitan reducir los costos de los tratamientos biotecnológicos. El panorama se hace más preocupante si tenemos en cuenta que hoy en día en los EE.UU. tratar con Herceptin una paciente con cáncer de seno tiene un costo de US$ 37.000 anuales, tratar con Humira un paciente con artritis reumatoidea cuesta US$50.000 anuales, y que tratar con Cerezyme un paciente con enfermedad de Gaucher cuesta US$200.000 al año.

En la misma línea, la Comisión Asesora de Pagos de Medicare encontró que solo los seis medicamentos biotecnológicos más vendidos, representan el 43% del presupuesto de medicamentos del Medicare parte B y que el crecimiento del gasto en medicamentos biotecnológicos en el Medicare parte D supera de lejos el de otros medicamentos.

Con este escenario actual, el hecho de que no existan alternativas “biosimilares” más económicas para los nuevos tratamientos biológicos representa un riesgo demasiado alto para las finanzas del sistema de salud reformado del presidente Obama.

Hay que reconocer, sin embargo, que hay quienes consideran que el balance a la fecha no es del todo negativo y que la opción de los 12 años de protección de datos es simplemente un balance que favorece a todos los grupos de interés y que garantiza un avance con respecto a la situación actual en la que simplemente no existe una alternativa de registro para productos “biosimilares”.

Esa es la postura de Erika Lietzan, entrevistada por el equipo de “The Brurrill Report”[12] y quien argumenta que el resultado final solo se podrá determinar cuando la FDA defina los criterios técnicos de la regulación sanitaria de biotecnológicos. En otras palabras cuando se definan los requisitos en materia de datos y estudios clínicos para el registro de “biosimilares”, así como las condiciones para probar intercambiabilidad.

De cualquier forma, a pesar de los obstáculos y la lluvia de críticas que la ley de reforma a la salud estadounidense pueda enfrentar, y a pesar de que con toda seguridad el proceso de implementación y ajuste será largo e impondrá múltiples retos, lo cierto es que lo que están presenciando los estadounidenses es un esfuerzo democrático por tratar de ajustar varios eslabones problemáticos del actual sistema de salud para mejorar aspectos como la prevención, la calidad y la eficacia a la vez que propende por garantizar una cobertura universal.

Algo así es a lo mínimo a lo que deberíamos apuntarle en nuestro país.


[1] Para ver los votos por partido y por representante vaya a: http://www.opencongress.org/vote/2010/h/165
[2] Vea las notas de prensa en: http://www.latimes.com/sc-dc-health-legal22-20100322,0,2548665.story; http://www.reuters.com/article/idUSTRE6363NL20100413?type=GCA-HealthcareReform. 
[3] Vea el calendario de implementación en: http://dpc.senate.gov/healthreformbill/healthbill65.pdf
[4] Vea el discurso del presidente Obama resumiendo el 3 minutos lo que se implementará en el primer año en: http://www.whitehouse.gov/photos-and-video/video/what-health-reform-does-year-3-minutes 
[5] El “donut hole gap” es la diferencia que existe entre el tope de cobertura de medicamentos en Medicare y la cobertura de “eventos catastróficos”. Cuando un paciente tiene prescripciones que superan el tope de cobertura tiene que pagar el excedente de su bolsillo. Para 2009 el tope de cobertura estaba en US$ 2700, así que si un paciente tenía prescripciones de medicamentos por un valor inferior a US$ 2700 Medicare le cubría el 75% y el otro 25% salía de su bolsillo. Pero Si las prescripciones superan el tope, todo lo que sobrepase los US$ 2700 todo es gasto de bolsillo.
[6] Vea una reflexión a profundidad sobre la sostenibilidad financier del sistema en: http://www.economist.com/business-finance/displaystory.cfm?story_id=15767653
[7] Vea el estudio en:
http://www.massmed.org/AM/Template.cfm?Section=Home6&CONTENTID=31513&TEMPLATE=/CM/ContentDisplay.cfm
[8]
Vea una tabla de salarios por especialidad aquí: http://www.medfriends.org/specialty_salaries.htm
[9]
Vea el artículo completo en: http://www.npr.org/blogs/health/2010/03/bill_widens_gap_for_shortage_o.html
[10]
Anthony D. So is the director of the Program on Global Health and Technology Access at Duke, where Samuel L. Katz is a professor and chairman emeritus of pediatrics
[11] Vea el artículo completo en: http://www.nytimes.com/2010/03/08/opinion/08so.html
[12]
Oiga la entrevista completa en: http://www.burrillreport.com/article-2251.html

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